Al igual que para los servicios públicos se consideran las barreras de acceso para poblaciones históricamente discriminadas, para Internet deben considerarse las inequidades históricas que representan brechas para las mujeres.
Internet debe ser entendido como un servicio público esencial que debe ser garantizado por los Estados. De la misma manera en que para otros servicios públicos se consideran las barreras de acceso para poblaciones históricamente discriminadas, el espacio virtual debe considerar las inequidades históricas que representan brechas de acceso para las mujeres.
Reconocer esta complementariedad entre los DSR y los derechos digitales plantea oportunidades y desafíos. Por un lado abre la posibilidad de fomentar estrategias creativas para la promoción de los DSR a través de plataformas digitales, acompañar a las mujeres y personas defensoras del derecho al aborto, ampliar la conciencia sobre las consecuencias de la criminalización del aborto, y cocrear nuevas herramientas para acceder a este derecho.
Por otro lado presenta el desafío de contrarrestar la creciente violencia en línea contra las mujeres y las disidencias sexuales, y las dificultades de una regulación de las plataformas digitales que debe surgir de un acuerdo multilateral que no vulnere los límites de la libertad de expresión.
